lunes, 6 de julio de 2009

De Honduras políticas, o el golpe sin estado de Carlos Sojo...

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Un comienzo de opereta

La gota que derramó el vaso fue digna de García Márquez.

En abierto desacato a la Corte Suprema de Justicia y a la autoridad electoral, el Presidente Zelaya siguió adelante con su proyecto de “consultarle” a la población sobre la conveniencia de someter a referéndum en las elecciones previstas para noviembre, una autorización para convocar a una Asamblea Constituyente, que incidentalmente incluyera el tema de la reelección presidencial.
Ante la consulta-para-la-consulta, el Presidente les ordenó a las fuerzas armadas (que son muchas y no tienen nada que hacer) que repartieran material “informativo”; pero el Jefe del Estado Mayor, respetuoso de la ley, se negó en vista de las resoluciones judiciales y del órgano electoral que consideraban ilegal la consulta, ahora convertida en “encuesta”. El jefe militar fue “enviado a retiro” por el presidente Zelaya.

Anatomía del golpe

Entonces los sectores políticos y empresariales, amparados en difusas órdenes judiciales, proceden en contra del presidente constitucional. Pero no lo ajustician ni lo encarcelan: lo deportan. Curioso proceder que por supuesto no está amparado en ningún procedimiento constitucional o legal establecido.
Cometido el delito, viene la alteración de la escena del crimen: mientras la televisión transmitía la denuncia del atropello cometido en boca de un Zelaya empiyamado y despeinado, el Congreso hondureño daba curso a una carta de renuncia del presidente depuesto a fin de justificar la pronta elección de su propio Presidente como nuevo mandatario del país.

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Ni contigo ni sin ti


José Manuel Zelaya no puede ni podía continuaren el gobierno. El caso es que una rara provisión constitucional en Honduras prohíbe siquiera hablar de reelección, con pena de inhabilitación para ocupar cargos públicos por una década y destitución inmediata para el funcionario responsable.
Y el caso de Zelaya se complica porque no hubo debido proceso, pero ahora y al contrario los golpistas anuncian que arrestarán al Presidente depuesto si este decide tocar suelo hondureño.
Pero el gobierno de facto tampoco es sostenible ante la comunidad internacional, porque Zelaya entretanto viaja por la región, de cumbre en cumbre, y recibe un apoyo insospechado que no es para su gestión, sino para el respeto más elemental por la estabilidad institucional.

Los papeles trastocados

El balance de la última hora también es mágico en su irrealismo. En defensa del orden constitucional, las instituciones del Estado en pleno (Corte, Congreso y Fuerzas Armadas) actúan en contra del Presidente, quien es respaldado para su reinstalación, por la comunidad internacional también en pleno, alegando el respeto debido al orden constitucional.
Los medios extranjeros reportan en general movimientos de apoyo a los golpistas y de respaldo al presidente depuesto, lo que hace pensar que una solución institucional no es simple. ¿Estará dispuesto Zelaya a volver al país para ser arrestado de inmediato? ¿Estarán dispuestos el Congreso, la Corte y los militares a echar para atrás y esperar las elecciones de noviembre para sacar a Zelaya por las buenas?
Las soluciones intermedias seguramente terminarán imponiéndose: una promesa de libertad para Zelaya y elecciones anticipadas podrían poner fin a este tortuoso incidente. Ojalá, eso sí, como hasta ahora sin aparentes excesos ni victimas que lamentar.

Lo que sigue

Concluido el caso, es de prever que las cosas seguirán como estaban, especialmente para las mayorías pobres del país. Zelaya y su gestión están muy lejos de ser el gobierno fundacional de un nuevo compromiso social orientado por objetivos de justicia social y desarrollo humano. Lo mismo ocurre con Ortega en Nicaragua, aunque ambos sean cabeza de la “revolución bolivariana” en Centroamérica.
Sacar a Honduras de los fondos políticos y sociales donde ahora se debate su destino, requiere mucho más que retórica populista o petropolítica. Si sólo la democracia salva a la democracia, partamos de reconocer que las instituciones estatales son la precondición de la democracia.".

Tomado de: http://www.razonpublica.org.co/

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